El presidente de Ecuador Guillermo Lasso disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, mientras avanzaba un juicio político en su contra.
QUITO — El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles por decreto la Asamblea Nacional, adelantando las elecciones legislativas y presidenciales, un día después de presentar su defensa ante la cámara en un juicio político en su contra.
Lasso niega las acusaciones de que se hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
Con la decisión, el presidente ecuatoriano pone fin al juicio político y podrá gobernar hasta por seis meses por decreto con el control de la Corte Constitucional.
En una cadena de radio y televisión Lasso aseguró que “todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al gobierno”.
Lasso deberá ahora convocar a elecciones presidenciales y legislativas. Los ganadores de estos comicios completarán el actual período presidencial y legislativo que termina en mayo de 2025.
El presidente argumentó que la disolución de la Asamblea “es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”.
“Esta es la mejor decisión posible, que nos abre el camino para recuperar la esperanza, la tranquilidad”, añadió, y dijo que “este es un nuevo momento para el optimismo”.
El tribunal electoral de Ecuador deberá decidir ahora la fecha de las nuevas elecciones dentro de los siete días posteriores a la disolución de la Asamblea Nacional.
En una conferencia de prensa posterior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Nelson Proaño, expresó su apoyo al orden constituido en una aparente aprobación a la decisión del mandatario.
A su vez, convocó a los ecuatorianos a mantener un clima de respeto a la ley y advirtió que no se permitirá la ruptura del orden constitucional a través de la violencia y que, en ese caso, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán “con firmeza” para proteger la vida, los derechos y las garantías de los ecuatorianos.
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