El país ha estado sumido, recientemente, en una ola de violencia que llevó al presidente a decretar estado de excepción.
QUITO — El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, entregó el jueves a la policía 14 millones de municiones para armas cortas y largas en lo que llamó una lucha sin tregua contra el crimen organizado, en una semana en que la violencia se recrudeció en las cárceles y en el norte del país con varios ataques incendiarios, el asesinato de un alcalde, la retención temporal de 100 guardias penitenciarios y la muerte de 31 presos.
En la ceremonia de entrega, en una unidad policial de Quito, el mandatario dijo que está aplicando “mano firme” para imponer "la presencia del Estado en las calles y también en los centros penitenciarios” y destacó que en la lucha contra el crimen organizado el objetivo es devolver la seguridad a los ciudadanos y “defender nuestra democracia”.
Añadió que la orden ha sido clara: “Actuar con firmeza y someter a los delincuentes”. Es un argumento que ya había pronunciado en repetidas ocasiones sin que los índices de violencia y asesinatos en el país hayan corregido su curva ascendente durante sus más de dos años de gestión.
Una de las críticas más fuertes que ha afrontado el mandatario ecuatoriano ha sido por los niveles de inseguridad nacional. También ha sido interpelado por la lentitud en la entrega de equipamiento a la fuerza pública. Aun está pendiente la dotación del gobierno a la policía de chalecos antibalas, cascos y vehículos, entre otros elementos prometidos por el gobierno.
El comandante de la policía, el general Fausto Salinas, destacó en el acto de entrega del jueves que enfrentar al crimen organizado pasa por luchar contra el narcotráfico. Recordó que se han decomisado 117 toneladas de narcóticos, pero admitió que es “una lucha compleja con alto costo”. Han muerto en acciones de servicio 48 policías y ha habido cientos de agresiones de todo tipo a los uniformados.
Para cubrir la carencia de equipo policial, el presidente y la Corte de Justicia acordaron a mediados de julio autorizar que los uniformados usen 33.000 armas de todo tipo incautadas al crimen organizado.
Hace un mes, Lasso también entregó otros cuatro millones de municiones de las 24 millones ofrecidas en su gestión. Sin embargo, no han llegado los 60.000 chalecos antibalas, municiones y armamento que ofreció adquirir hace nueve meses, en octubre de 2022. Recién en abril de este año inició el proceso para la compra de 51.870 chalecos, una adquisición que no prosperó por el incumplimiento de los oferentes, según la explicación de las autoridades.
También está pendiente la entrega de 10 vehículos blindados, 5.000 cascos de protección balística, más de 3.500 armas de fuego como fusiles simples y de alta precisión y unas 3.000 pistolas. El retraso en estas compras ha obedecido, según el gobierno, a la falta de fabricantes nacionales y a la lista de espera que hay en los encargos a fabricantes extranjeros.
Lasso, en el poder desde mayo de 2021, también anunció la construcción de un centenar de Unidades de Policía Comunitaria, sedes barriales de esa entidad, y reiteró su oferta en diciembre de 2022 y en febrero y marzo de 2023. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que una parte de esa infraestructura estará lista en agosto, en diciembre otra y marzo del próximo año el resto.
Entre las explicaciones para los retrasos o la falta de cumplimiento, Lasso y Zapata han coincidido en achacar el problema a los lentos y engorrosos proceso contractuales del Estado, a que la dotación policial debe cumplir con exigentes normas de calidad, a la guerra en Ucrania, que ha retrasado pedidos, y, en otros casos, al incumplimiento de los proveedores.
El docente de la Universidad Central, Luis Córdova, en declaraciones a The Associated Press advirtió que la estrategia del gobierno ha sido militarizar la seguridad pública con el pretexto de luchar contra los carteles, pero el resultado es una “escalada sin precedentes de violencia" y subrayó que el país "recién empieza a vivir el infierno que ya vivieron México y Colombia”.
Ecuador se encuentra en medio de dos países productores de grandes cantidades de drogas: Colombia y Perú. Utilizan el territorio ecuatoriano, según la explicación oficial, como plataforma de bodegaje y exportación de narcóticos principalmente a Estados Unidos, Europa y otros destinos más lejanos.
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