El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que un avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue incautado y trasladado a territorio estadounidense, tras determinar que su adquisición violó leyes de control de exportaciones y sanciones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este lunes que un avión utilizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue incautado y trasladado a territorio estadounidense, tras determinar que su adquisición violó leyes de control de exportaciones y sanciones.
“Esta mañana, el Departamento de Justicia confiscó un avión que alegamos fue comprado ilegalmente por 13 millones de dólares a través de una empresa fantasma y sacado de contrabando de los Estados Unidos para que lo utilizaran Nicolás Maduro y sus allegados”, dijo el fiscal general Merrick B. Garland, de acuerdo a una nota de prensa del Departamento de Justicia.
El avión, un Dassault Falcon 900EX matrícula T7-ESPRT, que según autoridades estadounidenses volaba “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela”, y que el mandatario venezolano utilizó para visitar otros países, fue retenido en República Dominicana y trasladado este lunes a EEUU.
La investigación de las autoridades estadounidenses expone que personas “afiliadas” a Maduro presuntamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la “compra ilegal” de la aeronave, precisa el Departamento de Justicia.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe, sostuvo que la operación fue resultado de la “planificación, coordinación y ejecución” por parte de EEUU con “la invaluable asistencia” de las autoridades dominicanas.
"Avión contrabandeado"
Matthew S. Axelrod, subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio sostuvo que “los aviones adquiridos ilegalmente en Estados Unidos para beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el ocaso”.
“No importa cuán elegante sea el jet privado o cuán poderoso sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier avión contrabandeado ilegalmente fuera de Estados Unidos”, continuó.
Un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU dijo el lunes que la acción del Departamento de Justicia de EEUU es un “paso importante para garantizar que Maduro siga sintiendo las consecuencias de su mal gobierno en Venezuela”.
El funcionario sostuvo que el mes pasado Maduro y sus representantes “alteraron” los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio y llevaron a cabo una “represión generalizada para mantener el poder “por la fuerza”.
“Estados Unidos, en coordinación con nuestros socios, está trabajando para garantizar que se respete la voluntad del pueblo venezolano, expresada en las elecciones del 28 de julio”, expresó el funcionario.
La autoridad electoral de Venezuela, que más de un mes después no ha divulgado resultados desglosados a pesar de las exigencias de la comunidad internacional, proclamó a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales, pero la oposición presentó las actas que conservaron sus testigos en las mesas de votación y que evidenciarían que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, habría ganado con el 67 % de los votos.
En abril de este año el gobierno venezolano acusó a EEUU de cometer “acciones de vandalismo” por desmantelar un avión de su propiedad que fue incautado por la justicia estadounidense por presuntamente haber violado “sanciones y leyes de exportaciones” y mantener presuntos vínculos con el terrorismo.
El Boeing 747, siglas YV3531, que era operado por la compañía venezolana Emtrasur, filial de la estatal Conviasa, y que anteriormente era propiedad de la aerolínea iraní sancionada Mahan Air, que EEUU asocia a las Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, estuvo inmovilizado en Argentina desde junio 2022 y posteriormente trasladado a territorio estadounidense.
En agosto de 2019 fue emitida la Orden Ejecutiva 13884, que prohíbe a los estadounidenses realizar transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del gobierno venezolano.
[Con información de Reuters]
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