En la cuarta acusación contra el expresidente Donald Trump en menos de un año, un gran jurado de Georgia aprobó la radicación de 13 cargos en su contra por sus supuestos intentos de revertir las elecciones en dicho estado.
WASHINGTON — Más de una decena de cargos fueron imputados contra el expresidente Donald Trump en la noche de lunes en Georgia por supuestamente tratar de revertir las elecciones de ese estado en 2020.
Dieciocho de los aliados del expresidente también fueron acusados en el caso liderado por la fiscal del distrito del condado de Fulton, Fani Willis, que suman entre ellos 41 cargos radicados.
A diferencia del caso estatal en Nueva York, donde se le acusa por pagos indebidos con fondos de campaña en 2016, en esta ocasión en Georgia, se le acusa por actos cometidos mientras era presidente.
Willis ha investigado a Trump y sus aliados durando más de dos años y medio por presuntamente entrometerse en las elecciones al presionar a los funcionarios para que “encontraran” los votos necesarios para ganar el estado y nombrar una lista falsa de electores presidenciales.
El expresidente aseguró que los cargos contra él y sus aliados eran una "cacería de brujas" y llamó a Willis una "fiscal corrupta".
Estos son los cargos a los que se enfrenta Trump en Georgia:
Asociación delictiva
Esta cuarta acusación contra Trump contiene un cargo al que no se había enfrentado antes, conocido como "racketeering" o asociación ilícita para cometer un crimen. El cargo específico, se refiriere a una violación a la Ley de Organizaciones Mafiosas y Corruptas, o RICO Act (por sus siglas en inglés).
La Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), abreviado RICO o RICO Act y Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión en español, es una ley federal dictada en Estados Unidos el 15 de octubre de 1970.
La ley federal "18 U. S. C. §§ 1961-1968" se opuso en un principio, y ante todo, a la extorsión (racketeering) de la mafia estadounidense y contra las actuaciones criminales dentro de los sindicatos y, en particular, del sindicato de transporte de camioneros. Es una base jurídica para combatir y condenar las actividades delictivas de mafiosos y de organizaciones delictivas del crimen organizado.
Las posibilidades de la responsabilidad penal del tráfico de drogas ya habían sido expandidas con la ley del control de estupefacientes del 1 de julio de 1957 y convertido en una ley federal penal. La ley RICO permite además a fiscales federales enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal, incluso si solo han ordenado crímenes, pero no los han ejecutado, o si en el plazo de diez años, solo han cometido dos de un total de 35 establecidos delitos.
En el caso de Trump, los fiscales de Georgia deben probar que el expresidente violó dos o más leyes de Georgia como parte de un plan para anular los resultados de las elecciones.
La interpretación de esta ley en el estado permitirían a la fiscal Willis plantear una amplia narrativa de supuesta conspiración que involucra a los aliados del expresidente, y no solo a Trump, así como hacer referencia a otros estatus legales no relacionados a las elecciones como la extorsión o hacer declaraciones falsas.
Solicitud de violación de juramento a un funcionario público
Tres de los cargos contra Trump se basan en la llamada telefónica del entonces presidente al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que "buscara" los 11.780 votos que necesitaba para ganar legalmente en ese territorio, clave en el complicado sistema electoral indirecto de EEUU.
Según Willis, Trump solicitó a Raffensperger participar de una conducta “que construye el delito grave de violación de juramento por parte de un funcionario público” al buscar “alterar ilegalmente los resultados certificados de las elecciones presidenciales”.
Conspiración para hacerse pasar por un funcionario público
Esta acusación alega que Trump y sus aliados “conspiraron ilegalmente” para hacer que ciertas personas se presentaran falsamente como electores presidenciales de Georgia, “con la intención de engañar” al presidente del Senado de Estados Unidos, el archivista de EEUU, el secretario de Estado de Georgia y el juez presidente del Tribunal de Distrito de EEUU para hacerles creer que eran tales funcionarios durante la certificación de los votos.
Conspiración para cometer falsificación en primer grado
Dos de los cargos adicionales contra Trump establecen que este conspiró con la intención de defraudar dos documentos. En primer lugar, el certificado de los votos de los electores de 2020 de Georgia, y una notificación de llenado de la vacante del colegio electoral.
En ambos casos, los documentos se habrían hecho “pretendiendo” ser la autoridad de electores presidenciales de Georgia, que no había otorgado tal autoridad, y entregar dicho documento al archivista de EEUU.
Conspiración para cometer declaraciones y escritos falsos
Esta acusación señala a Trump de conspirar con sus aliadas para hacer y usar un documento falso que declaraba como certificado de votos de los electores de 2020 de Georgia.
La misma intención se repute con el uso “deliberado” de un documento falso titulado “aviso de ocupación de la vacante del colegio electoral”, que contenía -según la fiscal de distrito- declaraciones falsas de que dos de los co-acusados eran miembros del colegio electoral de Georgia.
Conspiración para cometer presentación de documentos falsos
En relación al cargo anterior, esta acusación se basa en la alegada conspiración del expresidente de ilegalmente presentar, ingresar y registrar en un tribunal de EEUU el documento falso de certificación de los votos de los electores de Georgia en 2020.
Presentación de documentos falsos
En esta acusación, la fiscalía hace referencia a la demanda radicada por Trump en diciembre de 2020 en la que realizó afirmaciones sin fundamento con las que buscaba quitar la certificación a los votos electorales de Georgia.
A Trump se le acusa de “a sabiendas e ilegalmente” presentar el documentos e la demanda que contenía “declaraciones materialmente falsas” como que personas menores de edad, fallecidas o que se registraron ilegalmente, habían votado en las elecciones.
Declaraciones y escritos falsos
Los dos cargos finales contra Trump establecen que intencionalmente e ilegalmente realizó declaraciones y representaciones falsas al secretario de Estado Raffensperger, así como al subsecretario de Estado de Georgia, Jordan Fuchs, y al consejero general del estado, Ryan Germany.
Entre las declaraciones falsas que alega la fiscalía se cometió, se encuentran las alegaciones de que unas 300.000 boletas electorales fueron “misteriosamente” puestas en las listas de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Georgia. Así como que miles de personas “intentaron votar en las elecciones” y se les “dijo que no podían porque ya se había emitido un voto en su nombre”.
Además, se le acusa por declarar “falsamente” que el “número de votos falsos o irregulares” en Georgia eran suficientes para cambiar el resultado electoral.
En una conferencia de prensa liderada por Willis en la noche del lunes, la fiscal de distrito aseguró que los co-acusados deben entregarse en o antes de 25 de agosto al medio día.
En Georgia, la ley requiere una acusación por parte de un gran jurado en la mayoría de los casos de delitos graves. En el caso de Willis, debió realizar la presentación del caso ante dicho gran jurado, que votó a favor de imputarlo en los 10 cargos.
El lunes, previo a la acusación formal, Jen Jordan y Bee Nguyen dos exlegisladoras del estado de Georgia testificaron ante el gran jurado del condado de Fulton que escucha el caso.
Nguyen confirmó en comunicación escrita que había comparecido ante el gran jurado. “El 10 de diciembre de 2020, cuando Rudy Giuliani y el equipo legal del expresidente se presentaron ante la Cámara de Representantes de Georgia, mantuve mi juramento y dije la verdad ante el testimonio falso sobre nuestras elecciones”, escribió.
Este es el cuarto proceso penal al que se enfrenta el expresidente en menos de un año, sumándose a los cargos en Nueva York, un proceso en una corte federal en la Florida por mal manejo de documentos clasificados y otro en Washington por supuestamente intentar revertir los resultados de las elecciones de 2020.
En total, Trump se enfrenta a 91 cargos en los diferentes procesos penales.
Gracias a cadena aliada de noticias: Voz de América.
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